Violación generalizada y desesperante de los derechos de las personas con discapacidad”.
Organizaciones alertan al Comité de la ONU sobre el desguace de políticas públicas, la inconstitucionalidad de la auditoría de pensiones y el colapso del sistema prestacional en Argentina. Acusan al gobierno de generar una vulneración masiva de derechos.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que las políticas del gobierno argentino están provocando un deterioro grave y extendido en las condiciones de vida del colectivo. La presentación responde a un pedido formal de información del organismo internacional, que examina desde hoy y hasta el 26 de agosto el cumplimiento de la Convención en Argentina.
El informe señala que la “auditoría de las pensiones por discapacidad” impulsada desde 2024 reintrodujo requisitos inconstitucionales y derivó en la suspensión de más de 110 mil beneficios, muchas veces sin notificación previa. Las organizaciones advierten que el sistema de citaciones por carta documento es inaccesible y que casi la mitad no se entregan. La pérdida de la pensión implica también la interrupción de la cobertura de salud, dejando a miles sin tratamientos esenciales.
El documento denuncia además un recorte presupuestario del 19,3% en la Agencia Nacional de Discapacidad entre 2023 y 2025, con caídas de hasta el 70% en programas clave. También critica el veto a la Ley de Emergencia, que mantiene sin actualización el Nomenclador de Prestaciones y empuja a prestadores a suspender servicios, afectando derechos básicos a la salud, la educación y la vida.
La denuncia fue presentada por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil Andar, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH, la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y será analizada en el 33º período de sesiones del Comité.