Más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos piden que la ANDIS no se traslade al Ministerio de Salud
Buenos Aires, 18 de julio de 2024- En el día de la fecha, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), junto con otras más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos enviamos una nota formal al presidente de la Nación, Javier Milei, con copia al ministro de Salud de la Nación, Mario Russo y al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, para solicitar que deje sin efecto el decreto 585/2024, publicado el pasado 4 de julio, que en sus artículos 8 y 9 establece el traslado de la ANDIS a la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Esta norma es regresiva porque va en contra del modelo social de abordar la discapacidad, un enfoque que es obligatorio según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, tratado con jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014.
La Convención consagra un modelo llamado modelo social de la discapacidad, que se contrapone a la mirada médica, que entiende a la discapacidad como una enfermedad, un déficit, algo incompleto frente a lo que se considera hegemónico. En cambio, el modelo social considera que la discapacidad se construye por las barreras de todo tipo que genera la sociedad y que impiden el goce de los derechos a personas con determinadas características individuales.
Así, las sociedades fueron pensadas y diseñadas para un solo tipo de persona, con un determinado cuerpo, sistema de comunicación, forma de pensar, entre otras cualidades, y eso excluyó a quienes no se ajustan a ellas del ejercicio de sus derechos. Si las comunidades, en cambio, hubieran sido concebidas tomando en consideración la diversidad humana, las personas con discapacidad podrían vivir sin discriminación.
Por tanto, bajo el paradigma del modelo social, la discapacidad no es una cuestión de salud, sino una cuestión social y, al cabo, política, puesto que es la política la que debe remover las barreras o hacer que la sociedad las remueva.
Llevar la agencia encargada del diseño de políticas públicas en discapacidad a un área de salud le quita jerarquía y autonomía, sentido técnico específico y les da a las normas una perspectiva que tradicionalmente ha vulnerado derechos, y con ello implica un grave retroceso en los derechos conquistados y en las políticas públicas.
Resulta evidente que la ANDIS desarrolla muchas otras funciones que son completamente ajenas a las cuestiones sanitarias. Así, se vuelve a perjudicar a un colectivo históricamente desatendido, social y económicamente postergado.
Podés descargar la nota completa acá