Situación de las mujeres con discapacidad en Argentina 2016 | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
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Situación de las mujeres con discapacidad en Argentina 2016
Informe presentado por REDI y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la mujer, en agosto de 2016.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
65º período de sesiones
24 de octubre a 18 de noviembre de 2016

Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Informe presentado por:
Asociación Civil REDI RED POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACIJ- ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA

Lista de cuestiones y preguntas relativas al séptimo informe periódico de la Argentina

 

Acceso a la justicia

Sobre el punto 4 se puede señalar que:
El Estado hasta el momento no implementó recursos judiciales y administrativos en lenguaje simplificado, para que puedan ser comprendidos y ejercitado por las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial en primera persona.

Estereotipos y prácticas nocivas

La maternidad resulta un mandato social para el común de las mujeres, pero no para las mujeres con discapacidad a quienes aún la justicia arrebata sus hijos porque el Estado no provee los apoyos necesarios.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 19 que las personas con discapacidad deben recibir apoyos por parte del Estado para vivir de forma independiente y ser incluídas en la comunidad. También en su artículo 23, se advierte a los Estados que no deben separar a madres y padres de sus hijos por motivos de discapacidad, sin embargo, aún se debe rendir exámen y enfrentar los prejuicios más diversos.

Sobre el punto 8 podemos señalar que:

El estado no garantiza que las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial reciban todos los apoyos para el ejercicio voluntario de su maternidad a fin de evitar que sus hijas e hijos sean institucionalizados/as y/o se las prive del ejercicio de su responsabilidad maternal por decisión judicial

Violencia contra la mujer

Plan nacional contra la violencia hacia las mujeres:

En el plan nacional, que fue presentado en el corriente año por Argentina, no se transversalisa la discapacidad.

La visibilización del tema, se puede ver en 2 aspectos:

Concientización, realizado mediante un convenio con la CONADIS, y un protocolo de atención especial, que ya implica una discriminación, por ausencia de la terminología correcta, que sería el planificar un protocolo de atención, inclusivo, incorporando el sistema de apoyos y los ajustes razonables pertinentes en cada caso.

A su vez, se observan otras falencias tales como:

A: ausencia de perspectiva de infancia y envejecimiento, ya que todas las acciones se centran en mujeres que sufren violencia apartir de determinada edad, que no las identifica por edad, pero si por situaciones como trabajo, pareja etc.

No presenta acción alguna para combatir la violencia hacia niñas ni adultas mayores.

B: también carece de perspectiva en discapacidad. Las mujeres y niñas no son mencionadas dentro del plan, ni siquiera cuando se mencionan los tratados internacionales, dejando fuera la CDPD y la CEDDIS.

C: Presenta un error conceptual ya que confunde género, asimilando género a mujer, que si bien es uno de los tipos de género, no se condice con mencionar solo al género mujer.

Por eso la ausencia de transversalidad no solo es en materia de discapacidad, sino también de infancia y adolescencia, adultos mayores y género.

Tampoco hay datos estadísticos sobre violencia hacia las mujeres con discapacidad.

Resulta claro que este plan nacional, no incorpora, nada para que una mujer de cualquier edad, con discapacidad víctima de violencia, reciba una atención equitativa en relación al resto de las mujeres de su comunidad.

En Argentina se realizó una encuesta nacional lanzada por organizaciones de la sociedad civil, llamada ni una menos, en la cual, las mujeres con discapacidad están ausentes.

En el país, se cuenta con un servicio de atención y asesoramiento, las 24 horas, en forma telefónica para las mujeres víctimas de violencia.

Al mismo, solo se puede acceder mediante un dispositivo, telefónico, oral, por lo cual, las mujeres sordas quedan fuera del servicio, amplificando su aislamiento que refuerza la situación de abuso y mal trato.

Una mención especial merecen las mujeres y niñas privadas de su libertad en neuropsiquiátricos y otras instituciones, quienes sufren todo tipo de abusos y al carecer habitualmente de vínculos familiares, quedan a merced de un sistema perverso que las sobremedica y no les ofrece ninguna posibilidad de vivir una vida digna, sumidas en una situación de violencia que conlleva el hecho de la institucionalización en sí misma y el maltrato permanente al que son sometidas.

En el caso de las mujeres con discapacidad intelectual que deben vivir en hogares, el primer requisito que se le solicita es tener declaración de insania. El hecho de vivir en un hogar le significa desde ya un régimen militar o carcelario, donde deben levantarse a una hora determinada, realizar las comidas que desea darles la institución sin respetar sus deseos y salir con permisos y horarios restringidos. Quedan a criterio de los "dueños" "comerciales no idóneos" las decisiones sobre las vidas de estas personas. Además, en las instituciones se les suele brindar anticonceptivos sin explicarles que es lo que se les suministra ni sus consecuencias.

Así, con acceso restringido a la educación, la salud y el empleo, así como a los apoyos que les permitan desarrollar una vida con plena participación en la sociedad, la igualdad de oportunidades parece ser una quimera para un grupo invisibilizado tanto dentro del grupo de personas con discapacidad como dentro del grupo de mujeres, situación que sería deseable que se revierta desde los Estados que han asumido compromisos, al firmar tratados internacionales.

Participación en la vida política y pública

Si bien argentina cuenta con una mujer con discapacidad motriz, en el cargo de vicepresidenta, ella misma no se identifica como persona dentro de este colectivo, y permanentemente se expresa públicamente,aclarando que es mucho más dificil ser mujer que persona con discapacidad, dichos que la alejan de una visión sobre mujeres con discapacidad y el paradigma de derechos humanos,.

Educación

En el punto 14 de la LOIs, el Comité le pide al estado informe sobre la situación de las mujeres con discapacidad en el sistema educativo. Sobre esto, cabe destacar que el Estado Argentino, no produce la misma información para escuelas comunes que para escuelas especiales, a las que asisten mayoritariamente estudiantes con discapacidad. Esto significa que hay información esencial que se produce para todas las personas matriculadas en el sistema educativo que no se produce para estudiantes que asisten a escuelas de la modalidad de educación especial. Además, la información que se produce sobre las personas con discapacidad incluidas en escuelas comunes no es información válidamente relevada, según el propio Estado, y es incompleta.

Algunos de los datos básicos que no se producen refieren a deserción escolar, repitencia, egresados según título y plan de estudios de nivel, asistencia a jornada completa y no asistencia a sala de 4. A su vez, el organismo desconoce la cantidad de niños y niñas con discapacidad que asisten a escuelas comunes. La misma DINIECE reconoce falencias en la recolección de esta última información, por errores metodológicos que ofrecen datos no fiables.

La omisión de producción de estos datos básicos sobre la situación de personas con discapacidad en el sistema educativo es violatoria del derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la educación y a buscar y recibir información. La falta de información impide analizar el nivel de cumplimiento de la obligación estatal de garantizar una educación inclusiva, que exige que personas con y sin discapacidad asistan a escuelas comunes e inclusivas, obstaculiza conocer la situación real de las personas con discapacidad, y obstaculiza la implementación de políticas públicas que garanticen sus derechos. Por ese motivo ACIJ, ADC, ASDRA y REDI demandamos al Estado Argentino​, luego de reiterados reclamos administrativos (Expte., "Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otros c/ EN - M Educación s/ amparo ley 16.986", Juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo Federal)

Empleo

Se observa una brecha entre mujeres y varones, con discapacidad en el acceso al empleo.

Esto es debido a los factores que muestran todos los estudios en diversas investigaciones, pero los mismos son amplificados en cuanto a su grado de incidencia.

Salud

16: sobre este punto, se puede señalar que:

Las mujeres con discapacidad, particularmente las mujeres con discapacidad física, tienden a retrasar sus controles médicos (especialmente ginecológicos) por falta de camillas y consultorios accesibles:

El Estado todavía no incorporó accesibilidad en los centros de salud, incumpliendo con leyes vigentes.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS D MUJERES CON DISCAPACIDAD

La salud sexual reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos.

En Argentina, en el año 2003, se sancionó la ley 25673 que garantiza los derechos para nuestra salud sexual y procreación responsable. Fruto de dicha ley, se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable

Bajo esta órbita, está vigente un artículo que nos hace pensar su cumplimiento: Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia.

Tal como venimos sosteniendo, en este presente informe, las mujeres con discapacidad, permanentemente están pasando por situaciones de vulnerabilidad, en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, por los diferentes actores sociales.

En el inicio de sus vidas, las familias, las infantilisan, cuestionando el acceso a la genitalidad, como si, solo los cuerpos perfectos podrían ser quienes gozan del derecho a sentir placer y proporcionarlo a otro u otra.

Casi instantáneamente, luego de nacer, también sus cuerpos son objeto de la medicina, se los cosifica por patologías, para ser estudiados, operados, implantados y manipulados, muchas veces, sin ni siquiera el consentimiento de las familias.

Las niñas y mujeres con discapacidad, no son consultadas sobre las diferentes prácticas médicas que se realizan con sus cuerpos, solo ponen el cuerpo a disposición de otro que decide y define como será sus destinos.

Por esta dinámica que casi se da naturalmente, muchas mujeres con discapacidad intelectual, no se enteran que son esterilizadas, o condenadas a el encierro por el mero hecho, de que otro no sabe cómo manejar la situación x. Simplemente, se actúa para un supuesto prevenir, situaciones indeseadas, por una deseante, que no le permiten desear.

A su vez, todos aquellos productos, sean del área de la medicina, del cuidado del cuerpo, o simplemente aquellos que proporcionan información, están pensados, para mujeres sin discapacidad.

Con el correr del tiempo, la vigencia de leyes y la transversalidad propuesta en algunos programas nacionales que tienen como objetivo, brindar información sobre cómo vivir la sexualidad, como un derecho, paulatinamente van incorporando algunos folletos que contemplan la accesibilidad de los mismos, al igual que los videos informativos entre otros materiales, que van posibilitando, que esa información, que se muestra asimétrica y que acceden a unos pocos, vaya circulando por otros canales de comunicación.

Sin embargo, todavía el acceso a poder contar con las camillas ginecológicas accesibles, es un privilegio que pocas la tienen, restringiendo el derecho para las mujeres con discapacidad motriz a realizarse los controles médicos ginecológicos pertinentes, solo por no poder contar con lugares sin barreras arquitectónicas, poniendo en riesgo la salud sexual.

Si continuamos recorriendo la oferta de los diferentes objetos que acompañan en la cotidianeidad, para acceder a una salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos, carecen de accesibilidad. Los preservativos no están etiquetados, ni siquiera con su fecha de vencimiento, y si a esto se le suma que casi ninguna marca de las llamadas pastillas anticonceptivas, están organizadas, de manera que puedan ser fáciles de tomar, sin equivocaciones, se ingresa en un círculo donde impera la desinformación y la inaccesibilidad para ejercer libremente los derechos sexuales y reproductivos.

Esta situación profundiza aún más, el derecho a que una mujer con discapacidad pueda acceder a una planificación familiar.

Cabe destacar que los test de embarazo son visuales por lo cual, ninguna mujer con discapacidad visual, podrían hacerlo, sin un apoyo para que les lea visualmente el resultado del mismo.

Las mujeres con discapacidad auditiva, también encuentran numerosas barreras para acceder a una salud sexual, ya que los profesionales, que son quienes transmiten los saberes, quienes orientan en esta temática, desconocen la lengua de señas y cuando una mujer sorda o hipoacusica acude a un consultorio, suelen despacharla rápido, limitándose a realizar estudios de rutina.

Es incoherente que en un mundo donde prevalecen los avances tecnológicos, no se hayan creado dispositivos para que las mujeres con discapacidad, puedan tener las mismas oportunidades que todas las mujeres, para decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Continuamente, nos llegan casos donde somos cuestionadas por simplemente querer ejercer nuestro derecho a vivir una sexualidad plena.

Abortos no punibles

En Argentina el aborto sólo es legal bajo el modelo de causales: si está en riesgo la salud o la vida de la madre o en casos de violación. Sin embargo,

Esta legislación presente en el Código Penal y reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se cumple.

Hace solo un par de años, una nena de 13 años víctima de una violación no pudo abortar en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, provincia de Buenos Aires. El caso logró visibilizarse por la cobertura mediática y el acompañamiento de las organizaciones sociales. Esta situación no es excepcional: se replica en distintas provincias del país. Hace varios años el máximo tribunal del país reafirmó el derecho al aborto no punible que tienen las mujeres las adolescentes y las niñas en un fallo histórico conocido con las siglas F.A.L. Además, los jueces de la Corte les pidieron a todas las provincias que elaboraran protocolos hospitalarios para actuar en estos casos.

En los casos de mujeres con discapacidad intelectual, debe existir un sistema de apoyo, pero no de sustitución de su voluntad, para acompañarlas en todo el procedimiento.

Las mujeres con discapacidad permanentemente pasan por situaciones de vulnerabilidad y ésta no es la excepción.

Es clara la situación que se conoce frecuentemente en estos casos donde, las humillaciones de las mujeres con discapacidad mental quienes no sólo deben soportar el socialmente aceptado abuso sexual sino que cuando además quedan embarazadas pasan a ser rehenes de la disputa que sostienen algunos sectores reaccionarios frente a su derecho a realizar un aborto no punible.

Otro tema de gravedad institucional, es la violación reiterada de jóvenes y niñas de las comunidades originarias del NOA Y NEA de la Republica Argentina por parte de población criolla, que terminan en embarazos no deseados de niñas de corta edad y donde los hombres no son juzgados y donde la discapacidad de halla presente debido a la mal nutrición de dichas comunidades.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/301231-77987-2016-06-08.html

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