La estrategia más afilada sobre los derechos como caja | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
PRENSA | Comunicados
26 de Septiembre de 2018
La estrategia más afilada sobre los derechos como caja

La Agencia Nacional de Discapacidad, órgano creado de forma inconsulta, con su resolución 268/2018 se reafirma en la inconstitucionalidad citando el decreto 432/97 y su aplicación. Con el fin de establecer notificaciones a titulares de pensiones no contributivas y, tomando en cuenta el debido proceso, es decir, dar la oportunidad de presentar en el plazo de 10 días a los y las titulares de derechos razones para que su derecho no caduque por incompatibilidad, pone nuevamente una demora valiéndose de la legalidad para recortar recursos al colectivo, siendo sus dos estrategias apelar y ejecutar un sistema para avisar a los titulares de derechos que, en muchas ocasiones, precisan apoyos para enterarse de esta situación y defenderlos.

La apelación de la sentencia definitiva en primera instancia desnuda que el gobierno solo se dispuso a restituir unas pocas pensiones para demostrar una buena voluntad política que es tan inexistente como los trámites administrativos por los cuales expropiaron este derecho que no fue reintegrado al completo. Por si faltaban pruebas de la voluntad de incumplimiento, ahora se presenta un supuesto control y puesta a ley con notificaciones para justificar el recorte sobre un sector desfavorecido que empieza siendo excluido por el estado que debería ser garante de sus derechos.

El decreto 432/97 es inconstitucional pues contradice a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD como lo señalamos reiteradamente desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI). En su momento esta disposición reglamentó las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNCI), creadas en 1948 que contemplaban únicamente la incapacidad laboral desde un paradigma médico. El criterio de asignación de las pensiones no contributivas se modificó después de 2001 tomando en consideración la situación de vulneración del colectivo, aplicando el mecanismo ya existente, pues la condición de discapacidad lo es en tanto su interacción con las barreras sociales más allá de un diagnóstico.

Además, el artículo 7 de la CDPD establece que los Estados deben garantizar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Otra cuestión esencial a la niñez es la incontestable ilegalidad de pasarla por el tamiz de su posibilidad de trabajar que constituye una violación a sus derechos. En el artículo 28 inciso b), se añade que los Estados asegurarán el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza. Por tanto, al aplicar las pensiones para dar cobertura socioeconómica a esta población no es legítimo que haya una regresividad en este derecho adquirido.

Las personas con discapacidad quedan desamparadas ante un estado que decide ajustar sobre sus derechos "ahorrando" en pensiones e incumpliendo el cupo laboral que está obligado a garantizar por la dificultad que presenta el mercado para esta población. El cumplimiento del cupo está por debajo del 1% y, si bien para 2019 el Plan Nacional de Discapacidad espera cumplir con un 2%, las vacantes en el Estado se encuentran congeladas. Las incompatibilidades dispuestas respecto a las pensiones sobre la titularidad de derechos previsionales de la persona con discapacidad o de sus familiares, si cuenta con familiares que puedan ayudarle en su manutención o con propiedades o ingresos ignoran la vigencia de los artículos 3 inciso a), 12 y 19 de la CDPD afectando el principio de garantizar una vida autónoma..

Desde REDI manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad despedidos o que debido a los recortes anunciados ven amenazadas sus fuentes de trabajo. Relacionados con esta circunstancia, según ATE hay 75.000 trámites pendientes para otorgar nuevas pensiones, el 76% espera solo la firma , a muchos de los cuales sólo les falta la firma y que afectan a personas con discapacidad que podrían utilizar ese ingreso, muy magro por cierto, para satisfacer alguna necesidad básica...

Los derechos no son caja y el gobierno no debe utilizarlos para cubrir su transferencia de recursos brutal.

REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad