Buenos Aires, 4 de abril de 2024- Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad(REDI) repudiamos y vemos con preocupación una nueva envestida periodística contra el otorgamientode pensiones no contributivas. Las críticas se hicieron desde el programa de Luis Majul, con el falazargumento de que no hubo una guerra que justifique tantas pensiones otorgadas a personas condiscapacidad. Desconocimiento, discriminación y falta de respeto sin pedir disculpas ante talignorancia supina.
Es decir, que al igual que en 2017, el tema no se puso en debate No para ver si el monto de la pensión es suficiente, ni para saber si el acceso a la salud y los medicamentos es efectivo, ni para ver si la ormativa que las rige encuadra en lo que establece la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas ni en la acción reparatoria del Código Civil y Comercial de la Nación. Otra vez ponen en debate la cantidad de pensiones dadas, usando incluso la palabra “fraude”.
Otra vez somos las personas con discapacidad las que pareciera que tenemos que justificar por qué cobramos una pensión que ni siquiera nos permite acceder a lo básico para sobrevivir, ni tampoco nos da una obra social que nos garantice la cobertura de los medicamentos y las terapias que necesitamos.
No dudan en despedir a personas con discapacidad, no dudan en no cumplir el cupo laboral, no dudan en discriminar por razones de discapacidad.
Desconocen las recomendaciones de Naciones Unidas al respecto y dan noticias panfletarias.
El porcentaje de personas con discapacidad en argentina es del 11 por ciento, aproximadamente 6.000.000 de personas, y solo hay otorgadas 1.224.286 de pensiones no contributivas, pues se dan a demanda. De ellas, un tercio son otorgadas con Certificado Único de Discapacidad (Cud), el resto posee
certificado médico, porque la ley sancionada en 1948 así lo permitió, dado que aún no existía el CUD.
No hay monitoreo eficiente de las pensiones. Se establecen límites en los montos a cobrar, pero no se garantizan los apoyos y ayudas necesarias para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en la comunidad, o sea no se resuelve de fondo la situación.
El Estado incumple el cupo laboral de trabajadores con discapacidad (Art. 8° Ley 22.431/81) y las personas con discapacidad desempleadas están a la deriva de las políticas de turno. El mercado laboral es expulsivo; por lo general los empleadores consideran que las personas con discapacidad somos
improductivas.
Reclamamos el cumplimiento del marco legal y las adecuaciones de la legislación según lo establece Naciones Unidas.
Solicitamos que tanto el Sr. Majul como cualquier periodista que pretenda hablar de pensiones truchas sin fundamento se retracte de lo dicho.
