Días atrás, en el marco del 30° período de sesiones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de ONU, se realizó una reunión privada entre sus integrantes y representantes de organizaciones de la sociedad civil de Argentina. Allí presentamos el informe que resume las principales afectaciones a los derechos de las personas con discapacidad, provocados por las políticas generales y sectoriales del gobierno de Javier Milei y por la ausencia de medidas de protección hacia este y otros colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.
Los impactos generales de la política económica, los efectos desreguladores del DNU 70/23 en campos tan sensibles como el de la salud; los ajustes en el sistema de prestaciones y sus consecuencias en las restricciones de servicios y apoyos para las personas con discapacidad, la suspensión de políticas urgentes como el programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y la cobertura de prestaciones y provisión de medicamentos del Programa Incluir Salud, son algunos de los puntos centrales relevados.
El informe denuncia también el deterioro de las pensiones no contributivas (al ritmo de las jubilaciones en general) ya de por sí irrisorias. Y en el plano de la institucionalidad, la notable precarización en que ha caído la Agencia Nacional de Discapacidad. El organismo encargado de implementar las políticas públicas y garantizar los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional este año no tiene presupuesto actualizado, ha prácticamente desactivado el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, ha despedido 170 de sus trabajadores/as de oficinas de todo el país (al menos 16 de ellas con discapacidad), y ha dado la espalda a una conquista histórica: que los ámbitos de toma de decisiones sean ocupados por las personas con discapacidad, en el marco del derecho a la participación política. El Director actual de la agencia no tiene ningún vínculo reconocido ni trayectoria pública en el campo de la discapacidad. Solo tiene el mérito de haber sido abogado particular del presidente en diversas causas.
El documento, que también registra preocupaciones en otros planos, como el cierre del INADI (cuando la mayor cantidad de denuncias de discriminación estaban relacionados a la discapacidad), la falta de accesibilidad en la comunicación pública, o la terrible reiteración de discursos violentos o degradantes hacia las personas con discapacidad, por parte del presidente y otros actores de su sector político, entre otros temas, cierra con un pedido expreso hacia el Comité: “que preste especial atención al monitoreo de la situación de las personas con discapacidad en Argentina, e inicie las acciones que considere pertinentes frente a las actuales y potenciales violaciones a los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la Convención”. En la reunión los representantes de las organizaciones insistieron en este punto, que fue tomado por el Comité comprometiéndose
El informe fue elaborado de manera conjunta por organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos: la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Mesa de trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Civil Andar y la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA).