REDI celebra la decisión del Estado Nacional de compatibilizar las pensiones de las personas con discapacidad con el empleo
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2023- Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) celebramos el Decreto 566/2023 publicado ayer por el Gobierno Nacional, que elimina la necesidad de demostrar la invalidez laboral para tramitar una pensión no contributiva. Este es un reclamo histórico de las organizaciones de personas con discapacidad, y fue una de las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le hizo al Estado Argentino en sus dos evaluaciones de 2012 y 2023.
Hasta ahora, para que una persona con discapacidad pudiera tramitar una pensión, debía demostrar su incapacidad laboral total y permanente, a través de un certificado médico oficial. Por eso, si una persona que cobraba una pensión conseguía un empleo registrado, el beneficio quedaba automáticamente suspendido. Esto empujaba a las personas con discapacidad a trabajar en la informalidad, en condiciones laborales precarias y mal pagas, para no perder su acceso a la pensión. Además, generaba mucho temor tomar empleos que en ocasiones no se sostenían en el tiempo y perder la pensión que luego demoraba en restituirse.
Este criterio para otorgar pensiones era contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que en Argentina tiene rango constitucional. La Convención considera a las personas con discapacidad como aquellas que tienen limitaciones físicas, mentales, sensoriales o intelectuales que, al interactuar con las barreras del entorno, impiden o dificultan su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Desde esta perspectiva, tener o no autonomía económica nunca dependió enteramente de nosotres. No es justo tener que demostrar incapacidad laboral permanente para acceder a una pensión, ya que en la mayoría de los casos no son estas características propias las que nos alejan del acceso al empleo, sino los múltiples prejuicios presentes en la sociedad.
El nuevo Decreto expresa que las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad tendrán “el trato más favorable en materia de inclusión laboral, a efectos de brindar una adecuada protección y garantía de igualdad”. Todavía falta que el Decreto sea reglamentado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y la Agencia Nacional de Discapacidad y que el Gobierno Nacional aclare cuáles serán los parámetros que definirán la vulnerabilidad de cada persona. Esperamos que a la brevedad se dicten las normativas complementarias, y que sean acordes con la Convención y el Código Civil y Comercial, entendiendo este derecho como reparador.
En 2016 y 2017 el gobierno de Mauricio Macri dio de baja miles de pensiones de personas con discapacidad argumentando que no cumplían con el criterio de invalidez laboral total y permanente. Estar actualmente frente a un Estado que reconoce su responsabilidad en la inserción laboral y en el apoyo a la construcción de autonomía económica de las personas con discapacidad, está significativamente más alineado a los parámetros internacionales de derechos humanos, y consolida un acto de compromiso importante con el colectivo de personas con discapacidad. Valoramos a aquellos candidatos a presidente que han incorporado, en su campaña electoral, la temática de discapacidad, dando visibilidad a un segmento de la población siempre postergado, que necesita de un estado presente, y que no puede apostar por candidatos que proponen el desguace de las políticas públicas.
Celebramos esta conquista del colectivo de personas con discapacidad. Todo acto a favor de los derechos humanos constituye un importante gesto hacia nuestra querida democracia, a la cual cuidaremos y defenderemos ahora y siempre.