Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) repudiamos las manifestaciones violentas y discriminatorias vertidas hoy por la periodista Laura Di Marco en su cuenta de Twiter. En referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández, la periodista escribió: ““No estamos ante un fenómeno político sino psiquiátrico. Un país danzando alrededor de los resentimientos de una mujer con graves desequilibrios emocionales que nunca hizo un tratamiento serio, mas allá de la mucha medicación que toma“.
Estas palabras contienen una carga violenta y estigmatizante contra aquellas personas con discapacidad psicosocial. Como ocurre con frecuencia, estamos ante un caso en el que se descalifica a alguien no por su accionar, sino por un supuesto diagnóstico psiquiátrico. Esto resulta grave al haber sido escrito por una periodista con una gran llegada a los medios masivos de comunicación y en redes sociales. Históricamente y hasta la actualidad, las personas con discapacidad psicosocial y usuarias de servicios de salud mental han sido discriminadas por su condición en todos los ámbitos. Les resulta muy difícil obtener un empleo, en los procesos judiciales no se suele tener en cuenta sus relatos como testimonios válidos, e incluso son discriminadas en sus relaciones personales.
En este caso, es preocupante que se utilicen términos referidos a la discapacidad psicosocial para descalificar a una dirigente pública como lo es la vicepresidenta de la Nación. Estos mensajes resultan peligrosos porque dan a entender que una persona con discapacidad psicosocial no podría ejercer ningún cargo público. Por supuesto, esto no es así. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional en nuestro país, establece en su artículo 29 que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos políticos que todas las personas. Esto significa que pueden votar y también ser elegidas en cargos electivos. Desde REDI exigimos una vez más que se dejen de utilizar palabras relacionadas con la discapacidad para descalificar el accionar de dirigentes y funcionarios/as públicos/as. Estos mensajes en nada contribuyen a un debate de ideas. Por el contrario, sólo profundizan la estigmatización de un colectivo históricamente discriminado y vulnerado en sus derechos.