Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) queremos informar que el próximo viernes 29 de abril se llevará a cabo una audiencia para verificar el cumplimiento de la sentencia que obliga al Estado Nacional a restituir las pensiones no contributivas dadas de baja por Cambiemos durante los años 2016 y 2017. En la audiencia, las autoridades deberán presentar la documentación que muestre el estado de cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Hasta el momento no se conoce ningún acto administrativo por parte del Estado Nacional que refleje la restitución de las pensiones no contributivas, que hasta ahora sólo se han restituido provisoriamente para cumplir con una orden judicial cautelar. Al día de la fecha, REDI sostiene su Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el expediente de ejecución que tramita en el juzgado de origen no ha presentado ninguna constancia de renuncia a las pensiones, debidamente suscripta por sus titulares, lo que transforma a la bajas por dicha causal en inválidas, según lo estableció la sentencia
En mayo de 2021 la letrada de REDI, Varina Suleiman, solicitó la realización de la audiencia, que recién este mes se realizará. Asimismo, continuamos esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida dado que la sentencia no se encuentra firme. Es indignante lo que demora la justicia en resolver causas como la actual, fundamentales para las personas con discapacidad.
Una pensión no contributiva actualmente es de $22.800, monto que no llega a cubrir la canasta básica total calculada por el INDEC, relegando a las personas con discapacidad a una situación de pobreza, teniendo en cuenta lo expulsivo del mercado laboral. Seguimos exigiendo el cumplimiento del Cupo Laboral del 4% por parte del Estado Nacional y las empresas concesionarias de servicios públicos, y el cumplimiento del Cupo Laboral en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias.
Exigimos también una Ley de Asignaciones Económicas por Discapacidad, respetuosa de los derechos de las personas, que determine las condiciones del otorgamiento de asignaciones que vayan reemplazando, gradualmente, a las actuales pensiones no contributivas. Es prioritario avanzar en ello dado que la normativa actual determina que quienes quieran acceder a una pensión deben vivir en situación de indigencia, y de invalidez laboral. Ello hace peligrar la continuidad de las pensiones si retornara un gobierno neoliberal que quisiera aplicar la normativa tal como actualmente está vigente.
En consecuencia, exigimos, al Poder Ejecutivo que demuestre el cumplimiento de la sentencia. A la Corte Suprema que resuelva sobre la inconstitucionalidad de la actual normativa de pensiones. Y al Poder Legislativo que sancione una nueva Ley alineada con la Convención de Naciones Unidas que otorgue real protección social a las personas con discapacidad.