Este 3 de diciembre nos encuentra terminando otro año difícil para nuestro colectivo. La pandemia y la crisis económica que enfrenta el país tornaron aún más compleja la vida cotidiana de muchas personas con discapacidad.
Desde REDI entendemos que el panorama es difícil para una gran mayoría de la población, pero se agrava en el caso de las personas que tienen menos oportunidades de ser totalmente incluidas en la sociedad. A pocos días de cumplirse 15 años de la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a más de 13 años de su firma por parte del Estado Argentino, todavía estamos lejos de su cumplimiento real.
El desempleo sigue siendo la principal característica que nos afecta a las personas con discapacidad. La Ley de Cupo en el empleo público nacional sigue sin cumplirse. Lejos de eso, los últimos datos aportados por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación indican que en los últimos dos años hubo un retroceso en el porcentaje de personas con discapacidad que trabajan en el sector público. Esa población alcanza actualmente apenas al 0.84 por ciento del total de empleados/as estatales, cuando hace dos años era del 0.9 por ciento. Es importante remarcar que el cupo establecido por ley es del 4 por ciento de personas con discapacidad contratadas en el sector público y en las empresas concesionarias.
A esto se le suma que las pensiones no contributivas no llegan a cubrir el valor de la canasta básica total calculada por el Indec. El monto de una pensión equivale al 70 por ciento de una jubilación mínima. Es importante mencionar que para cobrar una pensión, las personas con discapacidad deben demostrar que viven en situación de indigencia y de invalidez laboral. Esto último es incompatible con la Convención de Naciones Unidas, ya que no se tiene en cuenta el contexto expulsivo del mercado laboral que deja afuera a las personas con discapacidad por un prejuicio muy arraigado según el cual somos improductivas.
Reclamamos una nueva ley de asignaciones económicas por discapacidad, respetuosa de la Convención. Esta asignación no debe ser menor a un salario mínimo y sólo debe darse de baja en caso de que una persona consiga un empleo con un determinado nivel de ingresos.
Resulta preocupante que en el marco de la pandemia no se haya dado una respuesta adecuada en términos de la obtención en plazos razonables de medicamentos, asistencia o apoyo personal y prestaciones, ni desde el Programa Incluir Salud, que abarca a las personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica, ni desde el sistema de las obras sociales ni de las empresas de medicina prepaga.
En materia de comunicación, aún existen falencias en el cumplimiento del derecho a la información accesible de las personas con discapacidad, en particular el derecho a la accesibilidad de la información en medios audiovisuales para las personas con discapacidades auditiva, visual e intelectual, ya que no toda la programación cuenta con subtitulado ni interpretación en lengua de señas, audiodescripción de imágenes ni audiodescripción en lenguaje sencillo. Además, aún se incumple la ley 26653 de accesibilidad en las páginas web, algo fundamental en estos tiempos donde la realización de trámites virtuales se volvió una herramienta imprescindible. Es importante destacar que esta ley rige en nuestro país desde 2010.
Por último, desde REDI exigimos una ley marco de derechos de las personas con discapacidad, acorde con la Convención de Naciones Unidas. La ley actual, aunque tuvo modificaciones, es de 1980. También necesitamos contar con un observatorio independiente del Poder Ejecutivo Nacional, que controle el cumplimiento de las políticas públicas en la materia.
En resumen, sabemos que hay avances en materia de inclusión de las personas con discapacidad en el diseño de algunas políticas públicas. Pero aún nos preocupa que una gran parte del colectivo vive en una situación de precariedad, sin acceso a derechos básicos. Sabemos también que el panorama social y económico general es extremadamente complicado, con una deuda millonaria heredada de la gestión anterior. Pero exigimos redoblar esfuerzos para garantizar los derechos plenos de las personas con discapacidad, para evitar que sigan viviendo en situación de pobreza y exclusión.
¡Nada sobre nosotres sin nosotres!