Por pedido de REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la jueza Adriana Camaratta ha convocado para el 20 de noviembre una audiencia en el expediente de ejecución de medidas cautelares.
Esta cita se fija para cumplir con el derecho de las personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas suspendidas o revocadas en 2016.
También a pedido de REDI se ha intimado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a dar explicaciones sobre el pago de esa deuda y brindar documentación que permita tomar decisiones sobre el cumplimiento de la medida. La intimación, de no tomarse en cuenta, da lugar a aplicar una multa procesal de $ 5000 por cada día de retraso al Director Ejecutivo de la ANDIS. Esto significa que en caso de incumplimiento se podrá embargar esa multa en los bienes del funcionario responsable sin que sean las arcas del Estado las perjudicadas por su incumplimiento.