Irene es una joven de 19 años. Cursa su último año del Bachillerato en Comunicación Social en la Escuela Normal de Alta Gracia y quiere ser comunicadora social.
Ella nació con parálisis cerebral, se desplaza en silla de ruedas, tiene disminución visual, auditiva y no verbaliza, así que se comunica utilizando dispositivos de comunicación alternativa. Necesita apoyos múltiples para su vida: para asearse, movilizarse, alimentarse, poder expresar lo que quiere, para estudiar, para participar de actividades sociales y recreativas, en definitiva, para todas las actividades que realiza cualquier chica de su edad. Ella toma sus propias decisiones, pero necesita apoyos para poder llevarlas adelante.
La Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), su obra social, desconoció las obligaciones de brindar las prestaciones necesarias para garantizar su salud, su educación y su calidad de vida integral* por lo que Irene y su familia, con el apoyo de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), concurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015. Un año más tarde, el 7 de julio de 2016, este organismo emitió la medida cautelar No. 376-15, mediante la cual ordena al Estado argentino adoptar todas las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Irene, y asegurar el acceso a todos los apoyos necesarios bajo estándares internacionales. Actualmente, es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, quién junto a REDI acompaña a Irene en este camino de lograr el cumplimiento efectivo de la Medida Cautelar.
A pesar de esta resolución, en estos seis años Irene sigue sin contar con todos los apoyos y las prestaciones que necesita porque la obra social Apross no se los cubre o solo realiza reintegros parciales, y ningún otro actor se hace cargo. Además, Irene y su familia sufren sistemáticamente las dilaciones de Apross en los pagos, lo que genera que su mamá se endeude continuamente para poder abonar a los y las profesionales en tiempo y forma, y en muchos casos y a pesar de sus esfuerzos, lleva a la falta de continuidad en las prestaciones. Como consecuencia, la salud física y mental de Irene se deteriora día a día, por la angustia que le provoca tener que elegir a qué clases ir, o qué actividades realizar, y la falta de terapias físicas y atención psicológica. También se deteriora la salud de su mamá, que la asiste durante todo el día y toda la noche ante la falta de apoyos y asistentes.