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REDI insta a las autoridades de Tierra del Fuego a garantizar el derecho de una mujer con discapacidad intelectual a criar a su hijo

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La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) expresa su profunda preocupación por la información difundida en los medios de comunicación que señala que, el pasado viernes 19 de julio de 2019, la justicia de la Provincia de Tierra del Fuegohabría ordenado retirar a un bebé recién nacido del cuidado de su madre, una joven con discapacidad intelectual. En una comunicación remitida el 22 de julio de 2019, REDI instó a las autoridades de la provincia a garantizar los derechos de la joven.

Al igual que el resto de las mujeres, todas las mujeres con discapacidad tienen derecho a criar a sus hijos/as, por sí mismas. El Estado tiene expresamente prohibido separar a un niño de su madre en razón de su discapacidad u otros motivos discriminatorios. Esta prohibición surge de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de cumplimiento obligatorio en todas las provincias argentinas.

Como ocurre con el resto de las personas, las mujeres con discapacidad pueden necesitar apoyos para criar a sus hijos/as. Las autoridades tienen el deber de proporcionar estos apoyos. El apoyo – que debe ser solicitado por la mujer con discapacidad– no la reemplaza en la crianza de sus hijos/as. Por el contrario, la asiste para que pueda ejercer este derecho por sí misma.

El apoyo no es obligatorio. En particular, el Estado no puede exigir que la mujer cuente con el apoyo de un “adulto responsable” para criar a su hijo/a. Este requisito –que es habitualmente impuesto a las mujeres con discapacidad, pero que no es exigido a las mujeres sin discapacidad– es discriminatorio y desconoce que las mujeres con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de las mujeres.

Lejos de ser aislado, el caso de la joven fueguina refleja una violación sistemática de los derechos fundamentales de las mujeres con discapacidad que viven en Argentina. En este sentido, REDI recuerda que, en 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió el caso de Marisa, una joven con discapacidad intelectual a quien la justicia había separado de su hijo recién nacido porque estimaba que el niño se encontraba en una “grave situación de vulnerabilidad”, producto de la discapacidad de su madre. En el marco de una causa patrocinada por REDI, el Máximo Tribunal ordenó el reintegro del niño a su madre y la adopción de sistemas de apoyo para que la mujer pudiera ejercer su derecho a criar a su hijo por sí misma y en igualdad de condiciones con el resto de las personas.

Fuentes consultadas: