Buenos Aires, 23 de marzo de 2022
Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad enviamos hoy al director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) una nota en la que le hacemos saber nuestro malestar por el carácter expulsivo e inaccesible para personas con discapacidad de la plataforma del censo digital.
Si bien las personas con discapacidad podemos pedir ayuda a gente de nuestro entorno o a alguna persona de apoyo que el Indec disponga para completar el formulario, ello no reemplaza la posibilidad de realizarlo de manera autónoma. Además, el tener que compartir la información con terceros vulnera el secreto de los datos personales y la intimidad individual de las personas con discapacidad que requieran contar con apoyos para completar el censo digital. Por otra parte, la posibilidad de responder las preguntas en la visita al domicilio no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones en materia de accesibilidad.
Destacamos que los elementos dentro de la página están mal etiquetados y en muchos casos no se puede elegir las opciones a través del teclado, lo que perjudica a las personas ciegas usuarias de lectores de pantalla que no utilizan el mouse.
Además, es importante remarcar que la página no es intuitiva, ya que las opciones a elegir en las diferentes preguntas no son fáciles de seleccionar para personas que usan dispositivos de apoyo tales como lectores de pantalla. Esto es también poco accesible para quienes tienen dificultad para la lectura, como personas con discapacidad intelectual y personas sordas cuya lengua primigenia es la lengua de señas. Por otro lado, la página se actualiza en cortos períodos de tiempo, obligando a los usuarios/as a volver a recorrer el formulario. Esto resulta muy inaccesible y complejo para personas con discapacidad intelectual, personas con epilepsia y personas con otras condiciones de discapacidad para quienes las actualizaciones continuas de las páginas web resultan muy inconvenientes.
Este carácter expulsivo y discriminatorio de la web del censo digital vulnera los derechos de nuestro colectivo y es contrario a nuestra Constitución Nacional, ya que desde 2014 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas tiene rango constitucional en nuestro país. Este tratado internacional obliga a los Estados Partes en su artículo 9 a garantizar condiciones de accesibilidad de los servicios y los entornos, incluida la accesibilidad a Internet. No podemos dejar de mencionar que la Convención obliga a los Estados Partes en su artículo 4 a realizar consultas estrechas con organizaciones de personas con discapacidad para el diseño de todas las políticas públicas que las afecten. Si se hubiera cumplido con esta consulta, seguramente no se hubiera llegado al momento del censo con este nivel de inaccesibilidad.
Además, es importante destacar que desde 2010 rige en nuestro país la ley 26653 que establece que todos los sitios web de los tres poderes del Estado deben ser accesibles para personas con discapacidad. Por lo tanto, al tratarse de una web de un organismo estatal, el sitio web del Censo 2022 debe cumplir con los requisitos exigidos por esta norma en línea con las “Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0”, aprobadas por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), a través de Disposición 6/2019.
Por esta razón, las organizaciones exigimos “la urgente modificación del sitio, a fin de que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestro derecho a elegir el modo de completar el censo en igualdad de condiciones que las demás”. De lo contrario, el Estado incurrirá en discriminación por motivos de discapacidad hacia al menos un 10 por ciento de la población.
La nota fue firmada por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), la Asociación Azul por la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad de la ciudad de La Plata, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes, la Fundación Despejarte de Villa Mercedes San Luis, la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, la Asamblea de usuarios y Usuarias de Salud Mental por nuestros derechos de Rosario, la Asociación Colibrí de Salta, el Seminario Permanente sobre Discapacidad y Trabajo del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, asociación CRIOS de Salta, el equipo de investigación sobre discapacidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata, la Fundación Cabildo abierto discapchaco, el Programa Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Dirección de Inclusión, discapacidad y DDHH de la Universidad Nacional de La Plata, y la Asociación Civil El Brote de Río Negro.