Introducción
Este 3 de diciembre nos encuentra terminando un año difícil para todo el mundo, y en particular, para aquellos colectivos que por lo general y de manera sistemática afrontan menores oportunidades de acceder a derechos básicos, como es el caso de las personas con discapacidad. La pandemia tornó muy adversa la situación económica y social del país, y somos conscientes de que los cuatro años anteriores la Argentina atravesó por un período en el que el gobierno aplicó políticas que provocaron el achicamiento del Estado. Por eso, entendemos que la reconstrucción lleva tiempo y no resulta fácil, menos aún en momentos de pandemia.
Dicho esto, consideramos importante mencionar que en este año las políticas públicas en discapacidad podrían haber tenido un rol más relevante, teniendo en cuenta el enorme deterioro en la calidad de vida que enfrentó el colectivo en los últimos años y las consecuencias de la pandemia. Hemos notado que todavía falta una visión transversal de la temática encarada desde distintas áreas de gobierno, tal como exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional en nuestro país. Tampoco en los discursos presidenciales se nos ha mencionado, cuando se ha nombrado a distintos colectivos que requieren políticas de acción afirmativa para mitigar la desigualdad que enfrentan.
Asimismo, vemos con indignación y preocupación la modificación en la actividad planteada desde el INADI para este 3 de diciembre, día internacional por los derechos de las personas con discapacidad. Nos resulta inaceptable que el INADI, conociendo el nivel de discriminación al que está expuesto el colectivo de personas con discapacidad, el que se manifiesta desde la cotidianeidad en las relaciones sociales y también en numerosas políticas públicas, y siendo el organismo que debería acompañar a visualizar nuestras situaciones tal como se hizo con el resto de los colectivos, tome una decisión que nos termina discriminando.
Avances
Más allá del contexto antes descripto, queremos mencionar algunos avances para el colectivo que ocurrieron durante este año, a pesar de la crisis económica y de la dramática situación provocada por la pandemia. En primer lugar, destacamos la elaboración de las Recomendaciones de Asistencia y Apoyo Emocional para Personas con Discapacidad sobre el virus Covid-19, del Ministerio de Salud de la Nación, que fueron redactadas con un lenguaje sencillo y recalcaron la posibilidad de que aquellas personas con discapacidad que debieran ser internadas por tener síntomas de Covid pudieran recibir el apoyo de un/a acompañante. Estas recomendaciones resultaron muy útiles para casos de urgencia en el peor momento de la pandemia.
Por otra parte, señalamos como positiva la implementación desde la ANDIS de una línea gratuita de videollamadas para personas sordas para obtener información sobre el coronavirus Covid-19. Este fue un paso importante para el acceso a la información de un colectivo que de manera sistemática ha sido excluido de los mecanismos de atención al público. Del mismo modo, destacamos la implementación de una línea telefónica para recibir mensajes de Whatsapp puesta en funcionamiento por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que complementa a la línea 144. Esto permite por primera vez que las mujeres sordas puedan comunicarse para pedir asesoramiento sobre situaciones de violencia basada en género. Sin embargo, lamentablemente esto no garantiza prevenir revictimizaciones que las mujeres en situación de discapacidad atraviesan al momento de realizar denuncias o acceder a los procesos judiciales, ya que la línea 144 es meramente informativa pero no de asistencia integral, por lo que las Instituciones del Estado que brindan atención sobre esta problemática, requieren de perspectiva en discapacidad.
Por otra parte, celebramos la inclusión de la temática de la discapacidad en la campaña nacional Cuidar en Igualdad, impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, relativa a las políticas de cuidados. En este sentido, esperamos que las medidas adoptadas vayan en línea con un enfoque que no sólo nos considere a las personas con discapacidad como objetos de cuidados, sino también como sujetas capaces de cuidar.
En materia legislativa, este año hubo dos avances fundamentales. Por un lado, la sanción de la ley que modificó la ley 11723, que eximió del pago de derechos de autor al intercambio entre países de libros en diversos formatos accesibles a bibliotecas y organizaciones sin fines de lucro. Esto resulta muy importante porque es una puerta al mayor acceso a la lectura de personas con discapacidad, en tanto facilita la recepción de obras provenientes de otros países.
Por último, se ha logrado un avance crucial en materia de derechos de las mujeres con discapacidad, ya que es inminente la media sanción en la Cámara de Diputados/as de la Nación de la modificación de la ley 26130 de anticoncepción quirúrgica. Esta reforma obliga a solicitar el consentimiento informado de todas las personas con discapacidad para la realización de estas prácticas, mientras que la ley actual permite que en los casos de las personas con discapacidad declaradas incapaces y las menores de edad la práctica sea solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial, desconociendo el derecho de la propia persona a brindar su consentimiento. Esperamos que la ley sea aprobada cuanto antes, para terminar con las esterilizaciones forzadas contra mujeres con discapacidad.
Sin presupuesto no hay derechos y sin trabajo no hay inclusión social real para las personas con discapacidad
El desempleo sigue siendo la principal característica que nos afecta a las personas con discapacidad. La Ley de Cupo en el empleo público nacional sigue sin cumplirse. Los últimos datos disponibles al 10 de 2019 arrojan que la proporción de personas con discapacidad empleadas era apenas del 0,9% cuando debiera ser al menos del 4%. En 2020 ni siquiera se publicó el informe que da cuenta del incumplimiento. La falta de políticas de empleo durante la pandemia también alcanza al Poder Legislativo, que sancionó la Ley de Teletrabajo sin perspectiva de discapacidad. También resulta urgente la puesta en marcha del Régimen Federal de Empleo Protegido para el cual el Ministerio de Trabajo debiera asignar presupuesto.
A la falta de empleo se suma la deficiente cobertura de la seguridad social. El Estado Nacional continúa sin restituir las pensiones no contributivas recortadas en el periodo 2017-2018, desoyendo el fallo de la Cámara Nacional de la Seguridad Social a la demanda colectiva iniciada por REDI. A las pensiones dadas de baja, se suman las solicitudes de nuevas pensiones a las que la ANDIS no trata con la velocidad que se necesita. Según informó el Jefe de Gabinete de Ministros en agosto en la Cámara de Diputados, de los 130.000 trámites de nuevas pensiones que había en diciembre de 2019, se resolvieron 7.000, lo que evidencia una muy escasa resolución de expedientes. Para 2021 las perspectivas no son auspiciosas, la Ley de Presupuesto Nacional acuerda un crecimiento en la cantidad de pensiones de apenas 217, pasarían de 1.031.930 a 1.032.147, de lo que se desprende que no se pagarían ni las dadas de baja ni las nuevas solicitadas.
La pensión no contributiva que otorga el Estado Nacional es de $13.300, equivalente al 70% de la jubilación mínima, por lo cual no llega ni a cubrir el valor de la Canasta básica total calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) que para un adulto en octubre fue de $16.153. La situación de pobreza en nuestro colectivo se agrava más aún teniendo en cuenta que las necesidades para muchas personas con discapacidad suelen ser mayores que las del resto de la población: Solemos tener mayores gastos en trasporte, dado que el transporte público no es plenamente accesible, debemos pagar apoyos para poder realizar las tareas de la vida diaria y debemos afrontar mayores gastos para el cuidado de nuestra salud. A esta situación se suma la falta de actualización de aranceles del nomenclador y de la remuneración de las prestaciones lo que lleva a las personas a tener que cubrir gastos adicionales. Tampoco las personas con discapacidad fuimos incluidas en los programas específicos para atenuar el efecto adverso de la pandemia, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Tarjeta Alimentar y el programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a pesar del reclamo del colectivo.
La escasa cobertura en seguridad social se extiende también a las provincias. Por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Previsión Social (IPS) paga pensiones de $1.200, incumpliendo la Ley que estipula que las pensiones provinciales debieran igualar el haber mínimo jubilatorio. El incumplimiento se hace a pesar de la demanda colectiva liderada por la Asociación Azul y patrocinada por la Clínica de Discapacidad y DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Plata.
Seguimos exigiendo el reemplazo de las Pensiones por una Asignación Económica por Discapacidad que esté diseñada para ser respetuosa de la dignidad de las personas y que tenga un monto acorde a lo que la situación amerita. Sin embargo, el Presupuesto para 2021 no dice que vaya a ser creada. Peor aún, el Presupuesto 2021 prevé destinar para las políticas de discapacidad un monto de $288.863 millones, cuando este año fue de $241.564, crece apenas un 19,6%, cuando la inflación estará en torno al 30% según proyecta el Presupuesto. Un año más debemos reafirmar que sin presupuesto, no hay derechos.
Resulta preocupante que en el marco de la pandemia no se haya dado una respuesta adecuada en términos de la obtención en plazos razonables de medicamentos, asistencia o apoyo personal y prestaciones, ni desde el Programa Incluir Salud, que abarca a las personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica, y menos aún desde el sistema de las obras sociales ni de las empresas de medicina prepaga. Subsisten y se agravaron las barreras burocráticas que impiden u obstaculizan el acceso a los derechos de salud, rehabilitación y educación de las personas con discapacidad. Esta circunstancia se torna más preocupante ante las informaciones periodísticas circulantes con declaraciones de altos funcionarios gubernamentales y dirigentes sindicales, que anticipan inminentes y urgentes reformas sustanciales en la cobertura de las obras sociales, sin dar cuenta de las alternativas por las cuales desde el Estado se garantizarán los fondos que hoy , aunque de manera deficitaria, atienden a las prestaciones de la ley 24901. Somos conscientes de que esta norma debe ser revisada para adecuarla a los estándares de la CDPD, pero el contexto sanitario actual y la pospandemia no aparece como el momento más apropiado para encarar este proceso, para el cual exigimos se cumpla el derecho a la consulta de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias.
En materia de educación, el Ministerio no garantizó la accesibilidad de los materiales y recursos bajo el Programa Seguimos Educando. Tampoco se garantizó que la totalidad de las Universidades Nacionales contara con campus virtuales accesibles. Manifestamos la necesidad de profundizar las políticas educativas que garanticen el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad en este contexto de pandemia. Dicha situación pone en evidencia, con mayor crudeza, la desigualdad que existe, todavía, en cuanto a la disponibilidad de recursos educativos accesibles pensados para estudiantes universitarios/as en situación de discapacidad.
En materia de comunicación, aún existen falencias en el cumplimiento del derecho a la información accesible de las personas con discapacidad, en particular el derecho a la accesibilidad de la información en medios audiovisuales para las personas con discapacidad auditiva, ya que no toda la programación cuenta con subtitulado ni interpretación en lengua de señas. Además, aún se incumple la ley 26653 de accesibilidad en las páginas web, algo fundamental en este año donde la realización de trámites virtuales se volvió una herramienta imprescindible. Es importante destacar que esta ley rige en nuestro país desde hace 10 años.
Por último, en lo referido a la armonización legislativa con lo exigido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún no existe una normativa general sobre la temática que supla la actual ley marco nº 22431, que si bien tuvo algunas modificaciones, fue dictada en 1980. Además, urge contar con espacios institucionales de protección de nuestros derechos, el funcionamiento autónomo e independiente de un Observatorio Nacional, y áreas de las Defensorías del Pueblo u otras instancias que cumplan su real función de defensa y protección de los derechos humanos, en nuestro caso, de las personas con discapacidad.
Conclusión
Para finalizar, en un año extremadamente difícil, sabemos que se hicieron esfuerzos y que la situación heredada de la gestión anterior fue muy compleja, y que la pandemia acentuó la criticidad del panorama. Sin embargo, exigimos redoblar el trabajo hacia el colectivo de las personas con discapacidad, en particular en todo lo referido a mitigar la exclusión y la pobreza.
Resulta indispensable que la temática de la discapacidad se trabaje de manera federal, ya que a nivel de las provincias ha sido alarmante la invisibilización del colectivo de las personas con discapacidad. Necesitamos políticas públicas sostenidas, transversales y con enfoque de derechos humanos. De esta manera, se estará cumpliendo con los tratados internacionales suscriptos por el Estado Argentino, y en consecuencia, con nuestra Constitución.
Firmantes
- Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)
- Federación de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA)
- Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires
- Colibrí. Asociación Salteña de Síndrome de Down.
- Fundación Cabildo Abierto Discapchaco. Chaco.
- Fundación Despejarte. San Luis.
- Fundación Tomar Acción. Salta
- Asociación Civil Andar. Provincia de Buenos Aires
- Asamblea de Usuarios de Salud Mental por nuestros derechos. Rosario.
- MoVida Rosario (Movimiento por la vida autónoma de las personas con discapacidad)
- Mucar. Rosario.
- Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH de Córdoba.
- Asociación Civil El Brote Bariloche.
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
- Dirección de Inclusión, Discapacidad y DDHH. Universidad Nacional de La Plata
- La persistencia de la categoría “discapacidad” en la lógica de la colonial/modernidad Un análisis desde la perspectiva del feminismo descolonial. Universidad Nacional de Rio Cuarto
- Equipo de Programa de Extensión «La producción social de la discapacidad. Aportes para la transformación de los significados socialmente construidos» de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)
- Equipo de Proyecto Estrategias de articulación, asesoramientos y abordajes en la temática discapacidad a instituciones y organizaciones de la sociedad civil” de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)
- Equipo Proyecto de Investigación «Feminismos y estudios críticos en discapacidad. Diálogos interseccionales y subalternidad» Facultad de Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)
- Comisión Asesora en Discapacidad de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro
- Comisión de inclusión de personas con discapacidad. Universidad Nacional de Salta