Comunicado PCD emergencia coronavirus | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
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06 de Abril de 2020
Las personas con discapacidad exigimos mayor inclusión en las políticas ante la pandemia

 

Desde REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, manifestamos nuestra profunda preocupación ante las escasas medidas tomadas hacia el colectivo de personas con discapacidad desde el Estado Nacional en general y desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en particular, respecto a la contención de la pandemia de COVID-19 desarrollada en nuestro país.

Las personas con discapacidad deberíamos estar contempladas dentro de los grupos con factores de riesgo. Las personas de baja talla necesitan sujetarse de barandas y otras estructuras en edificios que no las tienen en cuenta en su diseño, lo cual también les ocurre a las personas con movilidad reducida que entran en contacto con los soportes de baños como punto de apoyo o tienen dificultades para acceder a la higiene por no contar con lavatorios con monocomandos y otras medidas de accesibilidad. Asimismo, las personas con discapacidad visual necesitan información de su entorno al tocar superficies y no poder mantener distancias mínimas recomendadas, ya que necesitan ayuda de otras personas para cruzar las calles y para orientarse dentro de supermercados. Esta situación también les sucede a las personas con discapacidad que precisan de asistentes personales para tareas de su vida diaria y a aquellas que se encuentran institucionalizadas.

Es importante señalar que el 19 de marzo, REDI envió una nota dirigida al secretario general de la Presidencia de la Nación, pidiendo que las personas con discapacidad fueran incluidas como grupo de riesgo. Lamentablemente, al día de la fecha no obtuvimos respuesta al respecto.

Con respecto a la comunicación, reclamamos desde todas las instancias estatales información clara que no genere confusión como ha venido sucediendo. Además de tener en cuenta la accesibilidad en distintos formatos como lengua de señas, subtítulos, contenidos digitales legibles por programas lectores de pantalla y lenguaje sencillo, se debe procurar estas medidas de comunicación accesible en la transmisión de discursos de gobierno, las redes sociales de los diferentes organismos y las campañas de prevención. Se debe considerar que la información no sea contradictoria ni se desdiga. Dado que la situación es cambiante y la información que era correcta en un momento puede no serlo al día siguiente o en lo futuro, resulta fundamental comunicar lo más claro posible, preferentemente usando lenguaje sencillo como regla de comunicación para que todas las personas puedan comprender.

El estado debería consultar a las personas con discapacidad y sus organizaciones sobre las medidas de gobierno que las afectan y tomar decisiones administrativas que incluyan las necesidades del colectivo, sus familias, redes de apoyo y asistentes personales. Respecto de  la cobertura socioeconómica que significó el bono de 3000 pesos para las personas que cobran pensiones no contributivas, señalamos que es una medida compensatoria pero insuficiente. Las personas con discapacidad no fueron tenidas en cuenta como población vulnerada económicamente en el Ingreso Familiar de Emergencia cuando son un sector que tiene mayores gastos para diferentes aspectos de su vida cotidiana y puede tener dificultades para hacer compras de reserva de alimentos y remedios o afrontar el coste de los envíos a domicilio. Del mismo modo, nos preocupa que las personas titulares de pensiones no contributivas no estén contempladas en el programa “Tarjeta Alimentar”, por los motivos antes expresados y porque en muchos casos, la pensión es el único ingreso económico de un hogar.

También exigimos acciones para garantizar que las personas con discapacidad accedan a las tecnologías y medidas de accesibilidad y apoyos necesarios para realizar teletrabajo y su ingreso a las aulas virtuales, ya sea en su calidad de estudiantes, como así también en su calidad de profesores.

Siguiendo con el acceso a la tecnología, el pasado 3 de abril REDI, en conjunto con la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos (FAICA), remitimos una nota ante la Secretaría de Innovación Pública, transmitiendo nuestra profunda preocupación por la falta de accesibilidad para personas con discapacidad visual de la plataforma Trámites a Distancia y la plataforma Mi Argentina. Es importante destacar que desde 2010 está vigente en nuestro país la ley 26653 que garantiza la accesibilidad de todas las páginas web de todos los organismos del Estado. Teniendo en cuenta esta situación de aislamiento, resulta indispensable que se asegure la plena accesibilidad de estos servicios, a fin de que las personas ciegas y con baja visión puedan realizar trámites de manera autónoma.

El estado, además, debe trabajar con los diferentes prestadores de servicios a personas con discapacidad para garantizar su continuidad y su acceso a las medidas de protección en el tiempo que dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. La Superintendencia de Servnicios de Salud debe requerir a las obras sociales que cubran los tratamientos que deban ser presenciales y on line y los sistemas de apoyo que tuvieran entre sus servicios. La Agencia Nacional de Discapacidad  debe asesorarla al respecto. El estado y los prestadores deben trabajar para reducir las complicaciones burocráticas y aliviar el acceso económico al colectivo de personas con discapacidad a servicios que les son básicos.

También resulta fundamental que se garantice contención emocional a las personas que tienen discapacidad mental, dado que el aislamiento puede generarles situaciones de crisis y angustia.

Compartimos la preocupación de Catalina de Bandas, relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad en Naciones Unidas, y reclamamos que las personas con discapacidad accedan a los servicios de salud que necesiten por su condición y que sus vidas sean igualmente prioritarias como las del resto de la ciudadanía. El estado debe garantizar la seguridad de las personas con discapacidad internadas en psiquiátricos, otras instituciones y, si las hubiera, también en cárceles, ante el contagio del COVID-19 y los posibles maltratos que pudieran recibir.

Por último, Demandamos respuesta a la incertidumbre del colectivo de personas con discapacidad en cuanto a sus derechos en pos de que sean mayormente incluidas en las políticas de protección que el estado desarrolla en este tiempo de pandemia. Así como el compromiso de la sociedad es quedarse en casa para evitar el contagio, esperamos que sean tomadas las decisiones que garanticen a las personas con discapacidad estar cumpliendo en sus hogares e instituciones el aislamiento con sus derechos asegurados.


REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad