Licencia para reprimir y matar | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
PRENSA | Comunicados
05 de Diciembre de 2018
Licencia para reprimir y matar

REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) expresa su más enérgico repudio a la Resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad que inconstitucionalmente quiebra la garantía de la presunción de inocencia desencadenando a las fuerzas de seguridad, deja a la ciudadanía a merced de la violencia institucional que ya viene ejerciéndose y avala la continuidad de la represión de la protesta social y de la ejecución, ahora reglamentaria.

El estado de derecho está de rodillas: se revierte la garantía de la presunción de inocencia -que constitucionalmente sólo se quiebra mediante sentencia judicial a la que se arriba con grado de certeza- y se escribe explícitamente en un texto normativo que existe un “presunto culpable” (sic). La fuerza pública, que es auxiliar de la justicia, deviene ahora en juez: el nuevo reglamento suelta los límites que impiden realizar detenciones con respeto al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad ciudadana al darles libertad para atacar.

La Resolución 956/2018, publicada el 3 de diciembre en el Boletín Oficial, tenía como pretexto medidas destinadas a los operativos del G-20. Pero de su lectura se desprende la intencionalidad de legitimar un constante accionar de las fuerzas manejadas por Patricia Bullrich y que abarca en su órbita la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, la GENDARMERÍA NACIONAL, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Pasado un evento excepcional que implicaba la custodia de gobernantes de otros países, no tendría sentido lanzar una disposición de naturaleza indagatoria que en vista de los antecedentes de actuación policial nefasta celebrada por el Gobierno, muestra que el blanco de esta vía libre es la desmovilización de la ciudadanía que se expresa en las calles contra el ajuste. Las fuerzas policiales quedan en libertad de usar sus competencias arbitrariamente, tienen licencia para reprimir la protesta social, matar y preguntar después.

Especial atención merece el Anexo, "Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los miembros de las Fuerzas de Seguridad". En este apartado se deja a criterio de las fuerzas policiales considerar si disparar es el último recurso que habilita el gatillo fácil, se argumenta la defensa propia y de terceras personas y el evitar los delitos -todo en presunción de las y los oficiales, impedir la fuga hasta lograr la detención y permiso para no identificarse en atención a la urgencia del caso. Pareciera entonces que los tiros ahora reglamentarios (pero inconstitucionales) serían la nueva forma de identificación policial y que los agentes tienen la potestad de igualar la fuga con la culpabilidad.

Se debe recordar en esta disposición el acontecido hace unos meses en Mar del Plata donde un policía inmovilizó -(por fortuna no identificándose con su arma, que hasta entonces era reglamentariamente el último recurso- a un niño con discapacidad intelectual que jugaba con su hermano en la vereda y tenía una pistola de juguete. Incluso por la sola presunción de que una persona tiene un arma, aún comprobado que sea falsa luego, las y los oficiales quedan limpios de cargos porque actúan según se espera de ellos. Nos preguntamos entonces ¿Qué espera el Gobierno de ellos? Resulta alarmante la violencia simbólica que encarna esta Resolución, de la que deriva una magnificación de los estereotipos para disimular las relaciones de fuerza e imponer una teoría remozada de los dos demonios. La presente disposición deroga las anteriores que la contradigan y la población queda en manos de unas fuerzas policiales que no escatiman balas a la hora de reprimir y que tienen actualmente permiso para despacharse pues todes serán culpables a excepción de las fuerzas de (in) seguridad.

Desde REDI exigimos el cese de estas medidas inconstitucionales que confirman otro golpe para derribar el estado de derecho y un mensaje simbólico desde el poder para disciplinar la protesta social.

Manifestamos nuestro rotundo rechazo al aval de la violencia institucional y reivindicamos las irrenunciables garantías de seguridad jurídica para la ciudadanía y el indiscutible respeto a los derechos humanos.

REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad