REDI expresa su preocupación por las pensiones no contributivas para personas con discapacidad | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
PRENSA | Comunicados
17 de Abril de 2018
REDI expresa su preocupación por las pensiones no contributivas para personas con discapacidad

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) manifiesta su preocupación por la gran cantidad de reclamos realizados por parte de personas con discapacidad por grandes demoras en el trámite de sus expedientes para el otorgamiento de pensiones no contributivas. Estas pensiones son, en muchos casos, el único modo de satisfacer necesidades básicas o bien hacer frente a gastos producto de la discapacidad por los que el Estado no responde: movilidad, asistencia personal, tratamientos médicos, entre otros.

Resulta importante señalar que a fines de la semana pasada, hemos recibido una respuesta oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo encargado de evaluar y ejecutar el otorgamiento de las pensiones, ante un pedido de acceso a la información pública que realizamos en febrero pasado. Si bien el organismo asegura que Para el 2018 "no está prevista una disminución de las pensiones no contributivas por invalidez respecto al ejercicio del año 2017", en el mismo informe se expresa que "la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 17 de la decisión administrativa 6/2018, solicitó a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA, una reprogramación de la meta física en materia de pensiones no contributivas por invalidez, llevándolas a 1.042.3 86". Es decir, que la Agencia solicitó al Ministerio de Hacienda que se aumentara el monto destinado a las pensiones, pero el informe no aclara si este pedido fue concedido. Por lo tanto, nos resulta llamativo que se afirme que no se prevé otorgar una menor cantidad de pensiones, al mismo tiempo que se solicitó un incremento del dinero destinado a tal fin, pero que aún no sabemos si fue aprobado.

En tanto, ayer conocimos un comunicado de lxs trabajadorxs de la Comisión Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE en la ex Comisión Nacional de Pensiones, en el que denuncian que las autoridades del organismo negaron el ingreso a su lugar de trabajo a 62 personas, para lo cual se valieron de un gran operativo policial que custodiaba la entrada. En un contexto en el cual se reciben reclamos de personas con discapacidad por el freno en la resolución de sus expedientes de solicitud de pensiones no contributivas, el despido de más de 60 trabajadorxs del área encargada de esa tarea no parece casual. REDI expresa su profunda preocupación por esta situación y solicita que se les dé celeridad a los pedidos de otorgamiento de pensiones no contributivas, en un contexto de incremento del costo de vida en nuestro país.

Por último, no podemos soslayar que en la respuesta enviada por la Agencia Nacional de Discapacidad se afirmó que los criterios establecidos para el otorgamiento de las pensiones no contributivas son los emanados del decreto 432/97. Este decreto plantea como requisito para acceder a una pensión que las personas solicitantes tengan un determinado grado de invalidez que les impida desarrollar una vida laboral activa. En este sentido, es importante mencionar que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional en nuestro país, define a las personas con discapacidad como "aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". Ello implica un enfoque más amplio que el netamente biologicista que establece el decreto 432/97. Por esta razón, en junio del año pasado, ante la quita de pensiones no contributivas a titulares con discapacidad, REDI presentó una acción de amparo solicitando el restablecimiento de este derecho y la inconstitucionalidad del decreto mencionado. La causa aún se encuentra tramitando en la Justicia.

Teniendo en cuenta que aún existen prejuicios erróneos en una gran parte de la sociedad respecto de la capacidad de este colectivo para desempeñarse en un empleo, lamentablemente el mercado laboral no suele ser inclusivo hacia las personas con discapacidad. Por lo tanto, la capacidad para conseguir un empleo de calidad no depende de las características de las propias personas con discapacidad, sino de un entorno que suele ser expulsivo. Por lo tanto, desde REDI solicitamos que se deje sin efecto el decreto 432/97 y se lo reemplace por uno nuevo, acorde al modelo social de la discapacidad, en el que se basa la Convención de Naciones Unidas.

En un contexto de alza generalizada de precios de la canasta básica, de los medicamentos y las tarifas de servicios públicos, las personas con discapacidad necesitamos más que nunca que se nos garanticen nuestros derechos.

REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad