Nota ante el director de la Agencia Nacional de Discapacidad | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
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18 de Septiembre de 2017
Nota ante el director de la Agencia Nacional de Discapacidad

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2017

Señor
Presidente de
CONADIS
Lic. Javier Ureta Sáenz Peña
PRESENTE

CC. Diputados (Comisión de Discapacidad, DDHH y Asuntos Constitucionales)
Senado (DDHH o Constitucional)
Comisión Bicameral Permanente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos al Sr. Presidente, a fin de hacerle llegar la profunda preocupación de nuestra organización por el tratamiento que la actual gestión de Gobierno viene dando a los temas que involucran derechos del colectivo que representamos.

REDI, es una organización DE personas con discapacidad y familiares que tiene por objeto promover y exigir el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. A tal efecto, REDI acciona política y judicialmente reivindicando el protagonismo de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que directa o indirectamente puedan afectarla.

REDI trabaja en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el marco del modelo social, conforme lo aborda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD), que integra el cuerpo de Tratados de Derechos Humanos de la ONU y tiene rango constitucional en nuestro sistema jurídico. Lo antes dicho, hace que resulte contrario a derecho un abordaje de la discapacidad desde los modelos médicos y de la prescindencia, que ignorando las barreras sociales y la responsabilidad del Estado en la tarea de derribarlas, recurren a la caridad, la lástima, la medicalización o la institucionalización de las personas que escapan al binomio cultural hegemónico "Normal/anormal".

En ese marco legal descripto, las acciones regresivas del actual Gobierno en la materia generan desazón y en atención a la responsabilidad que Ud tiene por su competencia a continuación le manifestamos los puntos de inflexión, aquellos en los que nuestros reclamos son un núcleo irreductible, como consecuencia del carácter irrenunciable e imprescriptible de los derechos humanos, aclarando, por si fuera necesario, que esta enumeración no agota la lista de cuestiones que nos preocupan.

1. Organismo de Aplicación y Organismo de seguimiento de la CDPD independiente, que integre a las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan(art. 33 CDPD)

CONADIS es actualmente el organismo de aplicación de la CDPD y en tal carácter, ha sido en exceso complaciente con políticas públicas del Ejecutivo situadas en las antípodas de la Convención. En lo que respecta a la creación de un nuevo órgano que absorberá sus funciones, la Agencia Nacional de Discapacidad, CONADIS ha saludado con alegría desde su página web oficial su ilegítima y arbitraria creación, sin señalar al Presidente de la Nación el incumplimiento de su obligación legal de respetar los derechos que las personas con discapacidad y las organizaciones que nos representan tenemos, a participar y ser consultadas (arts. 4.3 y 33.3 CDPD). Esa creación, además, se ha realizado por Decreto de Necesidad y Urgencia, modalidad excepcional de dictar normas que por su contenido debieran pasar por el debido tratamiento legislativo, sin que se verifiquen al momento de su dictado los requisitos que prevé el art. 99 inc. 3° de la Constitución Nacional.
La sola mención de "un imperativo del Estado que impide ajustarse a los tiempos previstos para la sanción por vía ordinaria de una ley" no puede considerarse -por su vaguedad y abstracción- justificación suficiente- para quebrar la regularidad institucional que ha marcado el constituyente. La invocación de urgencia sin anclaje en los requisitos que surgen del standard dispuesto por la CSJN (Causa ….) pone al desnudo la arbitrariedad de un acto que contraviene el principio de legalidad y el estado de derecho. En este sentido, le hacemos saber que REDI, además de las presentaciones que hará en el Congreso de la Nación, procederá a impugnar judicialmente la constitucionalidad del DNU 698 /2017 que afecta el derecho de participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que la representan.

En ese sentido le requerimos que en ejercicio de su competencia requiera al Poder Ejecutivo Nacional que derogue el Decreto de Necesidad y Urgencia 698/2017 publicado en el Boletín Oficial de fecha 5 de septiembre de 2017 y realice una amplia convocatoria a las personas con discapacidad y las organizaciones que nos representan para integrarse en la discusión de la creación de un órgano de aplicación en el marco de la CDPD: Esa participación es un derecho reconocido expresamente por la CDPD y resulta necesaria además, frente a los atropellos que el actual Gobierno ha tenido con nuestro colectivo.

Además del ilegítimo y arbitrario origen, cuyo vicio de inconstitucionalidad torna nulo al decreto y en consecuencia, al organismo descentralizado que pretende crear, el Decreto tampoco exige que el Director Ejecutivo, a cuyo cargo debiera estar la Agencia, deba ser una persona con discapacidad o con reconocida trayectoria en la materia, ignorando el espíritu de la Convención y el lema que lo resume "Nada si nosotros o nosotras sin nosotros o nosotras".

Otro motivo que provoca nuestro rechazo es que entre las competencias de la Agencia se continúa hablando de "pensiones por invalidez", lo que demuestra la insistencia en el inconstitucional abordaje médico de la discapacidad y la inexistencia de voluntad política de armonizar la legislación vigente con la CDPD. Los requisitos excluyentes del derecho a la pensión no consideran el derecho a la autonomía, movilidad, al nivel de vida adecuado y a la protección social, lo que profundiza la falta de enfoque en las barreras sociales. Recordamos a Ud. que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el proceso de seguimiento de la aplicación de la Convención, en el año 2012 observó esta inconsistencia al Estado Argentino .En este sentido, nuestra Asociación ha solicitado ya en un proceso colectivo que se decrete la inconstitucionalidad sobreviniente del Dec. 432/97, que ostensiblemente no pasa exitosamente el test de convencionalidad, y la acción intentada se encuentra pendiente de resolución judicial. Sin perjuicio de ello, solicitaremos ante el Honorable Congreso de la Nación que a fin de armonizar nuestro derecho con la CDPD, sancione una ley que derogue este decreto.

Finalmente, en cuanto al mecanismo independiente que también contempla el art. 33 de la CDPD, hay que destacar que tampoco se ha citado a una "estrecha consulta" a las personas con discapacidad y las organizaciones representativas de ellas, para decidir la reconversión del Observatorio de Discapacidad, actualmente enclavado en CONADIS.

2. Plan Nacionalidad de Discapacidad

La Presidencia de la Nación, anunció estrepitosamente un Plan Nacional de Discapacidad, que luego de un pedido de acceso a la información pública presentado por nuestra organización, supimos que no tiene aprobación formal: no existe ley, decreto ni resolución en el que este plan esté plasmado, de manera que hasta el momento es solo una declaración de intenciones vehiculizada en el megáfono de una propaganda política que los medios afines al gobierno difunden con total irresponsabilidad. La forma en que se ha hecho este anuncio y la coyuntura en que emerge, obliga a una lectura en clave electoral.

Esto genera desasosiego pues las personas con discapacidad nos sentimos utilizadas como recurso proselitista, por una vicepresidenta que siendo una persona con discapacidad, no tiene antecedentes en la militancia por nuestros derechos y ni siquiera los conoce. Evidencia de esa afirmación es el hecho de que la actual Vicepresidenta ha sido Vicejefa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los años en que se ha intentado ejecutar dos acciones colectivas que buscan la inserción laboral de las personas con discapacidad. En ningún momento ella bregó por que el estado local, condenado en ambas causas por el incumplimiento del cupo laboral que la Constitución de la Ciudad impone, se ajustara a la manda judicial. Más grave aún: El estado resiste el cumplimiento de ambas sentencias y dilata las ejecuciones con artimañas procesales. Exigimos que en uso de sus atribuciones, requiera al Gobierno el cumplimiento inmediato de ambas sentencias. Piénsese que esa inserción laboral redundará en la autonomía de las personas con discapacidad, un trato digno, y una disminución de las pensiones que muchas de ellas reciben por los prejuicios que todavía se alzan como barreras en el mercado laboral.

También nos preocupa la falta de claridad en los objetivos concretos de dicho plan, y los antecedentes del gobierno (cese de pensiones sin debido proceso, aplicación irrestricta del Dec. 432/97, resistencia al cumplimiento de sentencias dictadas en procesos colectivos en materia de cupo laboral, de información sobre educación de personas con discapacidad, de pensiones no contributivas y de creación de dispositivos alternativos a la internación psiquiátrica) no contribuyen a que nuestras expectativas sean favorables sino que, muy por el contrario, perturban nuestro ánimo y nos ponen en estado de alerta y movilización. El gobierno ha actuado en todo momento incumpliendo la CDPD, incluso las sentencias que lo condenan no logran una reacción estatal que lo saque del rumbo equivocado y lo encarrile en una mirada desde los DDHH. La Vice presidenta, en ocasión de anunciar en Neuquén el inescrutable Plan Nacional de Discapacidad, expresó la instauración de un "apadrinamiento" de las personas con discapacidad, concepto diametralmente opuesto al paradigma de sujetos de derecho, que nos mira como "mascotas" u "objetos" de lástima y compasión, sin dignidad y sin autonomía. Esa espantosa aproximación decimonónica, cuya implementación repudiamos, contraviene la dignidad inherente de la persona y coloca al estado en incumplimiento de su compromiso de adoptar medidas efectivas y pertinentes para la toma de conciencia (art. 8°CDPD). Es imprescindible que los funcionarios y funcionarias se capaciten sobre la CDPD y dejen de pronunciar discursos en los que irresponsablemente ensartan declaraciones tan infelices como contrarias a derecho.
No es claro tampoco el presupuesto que se asignará a ese plan, y el Proyecto de Ley de Presupuesto que este viernes próximo pasado enviaron al Congreso de la Nación no despeja la inquietud: no existe ninguna mención a dicho plan.

3. Cumplimiento de sentencias

Exigimos que en ejercicio de sus competencias, requiera al Estado Nacional el cumplimiento inmediato de las sentencias judiciales que se encuentran firme en las siguientes causas: SAF, Información escolaridad desagregada, Irene (cautelar Comisión IDH) y al estado local el cumplimiento de las sentencias en las causas "Barilá". REDIi c/Cliba"

Asimismo, exija al Ministerio de Desarrollo Social que restablezca inmediatamente las pensiones que fueron suspendidas ilegítima y arbitrariamente en violación de los artículos 19, 20 y 28 de la CDPD.

Finalmente, le reiteramos nuestro deseo de participar estrechamente articulando con el Estado acciones destinadas a la promoción y efectivización de nuestros derechos, una vez que de manera efectiva cese el avance sobre nuestros derechos, se retrotraigan las medidas que violan el principio de no regresividad y se encarrilen las políticas públicas sobre discapacidad en armonía con la CDPD, con perspectiva de género y enfoque en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y designando funcionarios con cabal conocimiento del marco normativo.

"Nada acerca de nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras".

Mgter. Marcelo Betti
Secretario

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