Comunicado Plan Nacional de Discapacidad | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
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22 de Mayo de 2017
Comunicado Plan Nacional de Discapacidad

REDI expresa su preocupación ante el lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad.
El pasado 16 de mayo presentamos una nota, con la adhesión de organizaciones Del colectivo de personas con discapacidad y universidades nacionales, ante Vicepresidencia de la Nación para obtener más precisiones acerca de su desarrollo . Por la incertidumbre que genera este proyecto hemos hecho un pedido de información pública que jamás fue respondido.
La propuesta del padrinazgo y madrinazgo de los sectores acomodados hacia las personas con discapacidad, una de las cuestiones que nos preocupa sobre la implementación del plan que fue mencionada en una de sus presentaciones en la provincia de Neuquén, no contempla el modelo vigente según la CDPD que fue consagrada bajo la ley 27.044 en nuestro país con rango constitucional.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de mayo de 2017.

A la
Sra. Vicepresidenta de la Nación
Lic.Gabriela Michetti
S. / D

CC: Presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad – CONADIS.
Prof. Sara Valassina.

De nuestra mayor consideración:

Las organizaciones abajo firmantes, deseamos por la presente, expresar nuestra gran preocupación por algunas cuestiones expresadas en las sucesivas presentaciones del Plan Nacional de Discapacidad a elaborarse. Pensamos que crear un Plan de Discapacidad, nos brinda una gran oportunidad de participar en trazar las políticas públicas que nos atañen tendientes a una real inclusión y a trabajar para armonizar las leyes para que se encuentren en línea con la convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, (en cuya elaboración muchas de las organizaciones hemos participado) reconociéndonos como sujetos de derechos y dejando de considerarnos personas enfermas, eternas pacientes del sistema de salud.
En primer lugar, queremos destacar la importancia de que se consulte a las personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad y familiares, tal como lo establece la convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (ley 26378, con rango constitucional), en las políticas que nos afectan. A este respecto, cabe señalar la diferencia entre organizaciones de personas con discapacidad, integradas en su mayoría POR PCD y familiares, y organizaciones PARA PCD, que prestan servicios y en general no tienen una mirada basada en el modelo social de la discapacidad, que rige la convención.
Esperamos, que si bien hay distintos tipos de discapacidad, las políticas públicas a diseñar sean para todos, tal como los derechos lo son, independientemente de las medidas de accesibilidad que se deban implementar. Lamentablemente en nuestro país persisten las organizaciones divididas por patologías, pero esta división no debiera replicarse desde el Estado Nacional.
El comité de Naciones Unidas, que monitorea la implementación de la Convención, realizó observaciones respecto del nivel de cumplimiento del tratado, en 2012, sugerimos que estas recomendaciones se tomen como base para implementar un plan que avance en el reconocimiento de nuestros derechos.
Deseamos señalar también nuestra gran preocupación por sus dichos de que las familias acomodadas apadrinarán a niños y niñas con discapacidad pobres, esto es como si se hiciera una especie de Teleton, que va contra el reconocimiento de derechos del que el Estado no puede mantenerse al margen. De ningún modo la comunidad debiera reemplazar al Estado, sin desconocer la importancia de la inclusión comunitaria, claro, pero no desde el rol de garante de derechos. Esto responde a un modelo tutelar, alejado del modelo de derechos humanos en el que se basa la Convención.
Así mismo, valoramos profundamente su reconocimiento del incumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad, así como del control de las empresas proveedoras del Estado, sin embargo, el año pasado se han lanzado concursos públicos, sin reserva de vacantes para personas con discapacidad, lo cual atenta contra la igualdad de oportunidades y no demuestra una intención real de cumplir con el cupo. Solicitamos además, se impulse un cupo para empresas privadas, dado el alto índice de desocupación entre las personas con discapacidad, un 80% según la Organización Internacional del Trabajo.
Es necesario además, que se implemente la Ley de Talleres Protegidos de Producción,(Ley 26.816/13 y Reglamentada por Dec. 1.771/15) que debiera ser de empresas sociales para ser realmente inclusiva, pero que se ha creado con esa denominación. Para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial incluidas en el sistema protegido, es urgente que se dignifique su situación laboral y es rol del Estado hacerlo, y velar porque no existan iniciativas destinadas a que las personas con discapacidad realicen tareas laborales sin percibir un salario digno. Un ejemplo de esto es la organización Cascos Verdes, en la que los trabajadores que dan charlas en las escuelas, no perciben salario alguno.
Respecto del acceso a la salud, nos preocupa enormemente el desfinanciamiento del fondo solidario de redistribución, integrado por el 15% de los fondos aportados por trabajadores y empleadores. Dicho fondo, se destina entre otras cosas a financiar las prestaciones por discapacidad.
Sra. Vicepresidenta, el tener una discapacidad no debiera bajo ningún punto de vista ubicarnos como receptores de caridad, personas dadoras de amor ni nada que deba causar sensiblería, y esto no debiera ser promovido por el Estado Nacional. Las personas con discapacidad hemos luchado y seguimos haciendolo, por ser titulares de derechos y en este sentido, no debieramos dar un paso atrás. A esta altura, no tenemos que explicar que somos personas, con capacidad de trabajar, de estudiar, de votar, de comprar y vender bienes (de no mediar insania que tendría que revisarse periódicamente según la Ley Nacional de Salud Mental, Ley 26.657), de decidir qué tratamiento médico recibir, de criar a nuestros hijos e hijas, de ejercer nuestra sexualidad, de acceder a la justicia, de ser autónomos con los apoyos requeridos… Tampoco queremos ser ejemplo de vida y resulta perjudicial para el colectivo que usted nos muestre así. Dentro de la lástima, del amarillismo y de la sobre valoración, existe la misma raíz, una profunda discriminación de la que no debiera ser parte el Estado Nacional.
En síntesis, le solicitamos:
Se trabaje el plan sobre la base de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Observaciones emanadas del Comité;
Se trabaje sobre los derechos teniendo en cuenta para su ejercicio, la igualdad de oportunidades;
Incorpore en sus discursos el modelo social de la discapacidad;
Se detallen las medidas que implementará el Estado Nacional a fin de cumplir con el cupo laboral, la accesibilidad a espacios públicos y al transporte, la educación inclusiva y el acceso pleno a la salud, incluyendo el presupuesto destinado a este fin;
Se armonice la legislación Nacional de acuerdo a la convención
y se convoque a todas las organizaciones de personas con discapacidad, ya que en la presentación muchas hemos quedado fuera.

Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as

REDI – Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asociación Civil - I.G.J.N° 000754

Asociación Civil Capaces de Todo

Asociación Sordomudos La Plata

AISDRO - (Asociación para la Inclusión de las personas con Síndrome de Down de Rosario)
Pers/jur 901/98

FUSAC - Fundación Salteña de Ciegos. Personería Jurídica Nº 192/04

APPSIDO - Asociación de padres de personas con Síndrome de Down

APEBI – Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia

Asociación azul por la vida independiente de las personas con discapacidad- Personería Jurídica LEGAJO: 1/153056

Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos, dependiente de la Pro Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata

Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) – Creada según Resolución Nº 301/07 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta

Fundación Tigre para la Inclusión - Corresponde Expte. 21.209-174857 Legajo N° 1/172433 en Prov. De Buenos Aires

Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH de Córdoba

APAdeA - Asociación Argentina de Padres de Autistas-

FAdeA - Federación Argentina de Autismo-

Asociación María Montessori: Personería Jurídica Nª 6584- Legajo 42729 Entidad Bien Público 701/91

Escuela MARIA MONTESSORI- DIEGEP 660 - Centro de Dìa ASOMO

María Verónica Reina DNI 16852997
Miembro del "Stakeholder Group of Persons with Disabilities for the SDGs"

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