La Justicia obliga al Estado a crear servicios de salud mental para reemplazar los manicomios | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
PRENSA | Comunicados simplificados
6 de Octubre de 2016
La Justicia obliga al Estado a crear servicios de salud mental para reemplazar los manicomios

Celebramos que la Justicia cumpla con una sentencia de abril de 2015, sobre la causa S.A.F., que busca el cumplimiento de la ley Nacional de Salud Mental. Esta sentencia es importante porque obliga al Estado a presentar un plan, en un plazo de 20 días, para la creación de servicios que reemplacen los manicomios. Este plan deberá incluir a todos los usuarios y usuarias de servicios de salud mental, y no sólo a las personas individuales por las que se había hecho la demanda judicial.

El plan deberá tener los nombres de todas las personas que actualmente están internadas pero se encuentran en condiciones de recibir el alta. También debe incluir los costos aproximados que tendrá la creación de estos servicios y el dinero que el Estado piensa destinarles en el presupuesto. En Argentina las personas con discapacidad psico-social no tienen verdaderas alternativas al manicomio. Sin embargo, la ley establece que para el 2020 éstos deben haber sido reemplazados por una red de servicios comunitarios, fuera del ámbito de internación hospitalario, en la comunidad. En ese contexto dos defensoras públicas curadoras iniciaron la causa "S.,A.F." en representación de cuatro personas que todavía continúan internadas en hospitales psiquiátricos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) se sumaron al caso en representación de todas las personas con discapacidad psicosocial y usuarias de servicios de salud mental afectadas por la falta deservicios comunitarios.

Transcurridos varios meses desde que los jueces firmaron la sentencia, ni el Estado Nacional ni la Ciudad de Buenos Aires han presentado una propuesta concreta de cumplimiento. Frente a ello, la medida adoptada recientemente intenta poner fin a este estado de incumplimiento y avanzar en un plan de trabajo.

No se trata de un problema de falta de recursos, ya que se destina mucho dinero para mantener la internación en hospitales psiquiátricos que violan derechos humanos, cuando por ley deberían destinarse a servicios alternativos a los manicomios. De hecho, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires muestra que el 80 por ciento del presupuesto destinado a salud mental se orienta a mantener los manicomios. Menos del 1 por ciento del presupuesto es destinado a los servicios para pacientes a los que les dan el alta y no hay información sobre el presupuesto para servicios comunitarios.

Por su parte, el Estado Nacional tampoco desarrolla políticas para cumplir con la ley de Salud Mental. No se crearon servicios comunitarios, y el ministerio de Salud de la Nación acaba de dejar sin efecto una resolución que regulaba los requisitos para la habilitación de los servicios comunitarios de salud mental, sin dar participación a los usuarios de estos servicios.

Entonces, de esta manera, la Justicia reconoce a la salud mental como un derecho humano y obliga a los responsables de su incumplimiento a trabajar en políticas públicas adecuadas.

REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad